Chilpancingo, Gro. 24 febrero 2026.- La aprobación por unanimidad en el Congreso de Guerrero de la reforma que establece la búsqueda inmediata de personas desaparecidas representa el avance legislativo más significativo en materia de derechos humanos para la entidad en la última década. Durante años, la “regla no escrita” de esperar 72 horas para interponer una denuncia oficial funcionó como una sentencia de impunidad, permitiendo que las huellas de los captores se enfriaran y que las víctimas fueran trasladadas fuera del estado o hacia zonas de difícil acceso en la Sierra. Con esta modificación a la Ley Estatal de Desaparecidos, el Estado reconoce legalmente que la inmediatez es el factor crítico para el éxito de una localización.

La reforma no solo es un cambio de palabras en un papel; obliga a una reingeniería total de la Fiscalía General del Estado (FGE). A partir de hoy, cualquier agente del Ministerio Público que reciba un reporte de ausencia está obligado a:

• Activar alertas tecnológicas: Geolocalización de dispositivos móviles de forma inmediata sin esperar una orden judicial prolongada en casos de alto riesgo.
• Movilización de la Policía Ministerial: Inicio de rastreos en campo, revisión de cámaras del C5 y entrevistas perimetrales en el lugar del último avistamiento desde el minuto uno.
• Cero Revictimización: Se prohíbe explícitamente a los funcionarios utilizar prejuicios sobre la vida privada de la víctima para dilatar el proceso, bajo pena de sanciones administrativas y penales.

Este logro es atribuido directamente a la presión de colectivos como “Los Otros Desaparecidos de Iguala” y “Familias de Acapulco”, quienes durante años han realizado las labores que el Estado omitía. Para estas familias, la reforma es una validación de su lucha, pero también un recordatorio de la enorme brecha técnica que persiste. El reto operativo es monumental: Guerrero cuenta con una orografía compleja y zonas de “silencio” donde la señal celular es inexistente, lo que dificulta la aplicación de tecnologías de rastreo inmediato en regiones como la Montaña Baja y la Sierra.

Periodísticamente, la eficacia de esta reforma será medida por la reducción en la cifra de “no localizados”. Sin embargo, expertos advierten que la búsqueda inmediata debe ir acompañada de un fortalecimiento del Banco Estatal de Datos Forenses. De nada sirve una búsqueda rápida si el sistema de identificación de restos y muestras de ADN sigue colapsado por el rezago de años anteriores. El Congreso ha prometido una partida extraordinaria para 2026 destinada a laboratorios genéticos, buscando que la respuesta del estado sea integral: buscar con rapidez, encontrar con vida y, en los casos más trágicos, identificar con dignidad.