Astudillo quiere a Ignacio Murguía como “fiscal carnal” anticorrupción

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El gobernador priista Héctor Astudillo Flores propuso al Congreso, a través del fiscal Jorge de los Santos Barila, que su excolaborador señalado por presuntos actos de desvío de recursos públicos, Ignacio Murguía Gutiérrez, sea designado como fiscal anticorrupción en la entidad.

En la sesión de la Permanente de este día se turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia que dirige el diputado priista César Landín Pineda para que en los próximos días se apruebe la propuesta del Ejecutivo, a menos de un mes de que concluya el periodo de la actual LXI legislatura local.

Los diputados locales del PRI y sus aliados del PRD, MC, PAN, PT y Verde se han caracterizado por aprobar todas las iniciativas enviadas por Astudillo con la oposición de la única diputada de Morena, María de Jesús Martínez Cisneros, como en el reciente caso de la reforma constitucional que desconoce el sistema de justicia comunitaria que implementan los pueblos indígenas y afro mexicanos.

Ignacio Murguía es conocido por vivir del erario al colaborar con los gobernantes en turno desde José Francisco Ruiz Massieu, luego pasó por la administración de Zeferino Torreblanca, se afianzó con el defenestrado Ángel Aguirre Rivero y a la fecha sigue influyendo en el primer círculo del gabinete estatal, ahora con el priista Héctor Astudillo.

En junio de 2016, Apro informó que el mandatario estatal designó como presidente del Consejo de Políticas Públicas en la entidad a Ignacio Murguía, un personaje de negro historial, involucrado en el millonario proyecto denominado Macrotúnel de Acapulco y señalado públicamente por presuntos actos de corrupción.

Los integrantes del Consejo de Políticas Públicas tienen como propósito “vigilar el correcto uso” de los recursos públicos del gobierno estatal, indica un comunicado oficial difundido tras la instalación del organismo avalado por los diputados de la LXI legislatura local a solicitud del Ejecutivo.

Durante el gobierno de Aguirre, Murguía y el exencargado de los proyectos estratégicos, Humberto Salgado Gómez, fueron acusados públicamente de desviar los recursos destinados al pago de terrenos a ejidatarios de Llano Largo y vecinos del exclusivo fraccionamiento Joyas de Brisamar en Acapulco, que fueron indemnizados por la construcción de la obra denominada Macrotúnel.

El Macrotúnel fue planteado como uno de los proyectos estratégicos del gobierno de Aguirre que dejó inconclusos, como el sistema de transporte denominado Acabús, en medio de constantes señalamientos de corrupción y desvío de recursos.

Ambos proyectos fueron retomados por la administración de Astudillo sin informar sobre el destino de los millonarios recursos etiquetados para las obras desde el sexenio pasado y sin explicar las causas del retraso de la conclusión.

El cuestionado personaje se comprometió en ese entonces a vigilar el cumplimiento de “los compromisos establecidos” en el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Astudillo, enfocado principalmente en la inversión portuaria y minera en zonas controladas por el narco.

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